Ultimátum de Bruselas a Polonia y Hungría: les da 24 horas para levantar su veto al fondo de rescate

Ultimátum de 24 horas de Bruselas. Los gobiernos de la Unión Europea (UE) han amenazado con activar un plan B para poner en marcha el fondo europeo de recuperación sin el visto bueno de Hungría y Polonia, en caso de que el Ejecutivo de Victor Orbán y Andrzej Duda no dan «señales claras» de su voluntad para levantar el veto al paquete presupuestario en las próximas horas y con fecha límite este martes.

Así lo han explicado fuentes europeas que aseguran que Bruselas ha pedido a los gobiernos de Budapest y Varsovia que accedan finalmente a dar luz verde al plan anticrisis de 750.000 millones de euros para hacer frente a los efectos en la economía derivados de la crisis del coronavirus y al presupuesto de la Unión Europea (UE). Un paso que ambos gobiernos deben dar en menos de 24 horas, de lo contrario el resto de los estados miembros «probablemente» activen una alternativa para seguir adelante sin ellos.

Este bloqueo ha llevado a la Comisión Europea (CE) -organismo presidido por la Ursula von der Leyer- a estudiar un plan B que pasaría por utilizar una serie de medidas legales para sacar adelante el fondo europeo sin el visto bueno de estas dos capitales europeas.

«Necesitamos tener señales claras de Hungría y Polonia este lunes o este martes a más tardar, si no las tenemos probablemente tendremos que pasar al escenario ‘B’ para dar luz verde al fondo de rescate europeo», han señalado las mismas fuentes en una semana clave para Europa.

En concreto, los gobierno de Varsovia y Budapest bloquearon el mes pasado de noviembre la aprobación del acuerdo sobre el marco financiero plurianual para 2021-2027 y del fondo de recuperación cerrado con el Parlamento Europeo por su rechazo a vincular el desembolso del dinero, 1,8 billones de euros en total, al respeto del Estado de derecho.

Bruselas aboga por que los gobiernos de Victor Orbán y Andrzej Duda se unan al resto de socios y levanten su veto, porque de lo contrario se podría avanzar con ellos con respecto al fondo de recuperación pero no con el presupuesto comunitario, que seguiría bloqueado.

No obstante, ambos países han dejado clara su postura desde el primer momento y se han enrocado en el ‘no’, ya que tanto Hungría como Polonia siguen rechazando el mecanismo europeo vinculado al desembolso de las ayudas europeas y tachan estas medidas de una falta de respeto al Estado de derecho por considerar que es arbitrario.

Ante este escenario, se niegan a aprobar el Marco Financiero Plurianual (MFP) y los 750.000 millones de euros -de los que España será el segundo país más beneficiado por detrás de Italia- para relanzar la economía de la zona euros, tras los efectos provocados por la crisis del coronavirus.

Bruselas explora opciones legales

Este bloqueo ha llevado a la Comisión Europea (CE) -organismo presidido por la Ursula von der Leyer- a estudiar un plan B que pasaría por utilizar una serie de medidas legales para sacar adelante el fondo europeo sin el visto bueno de estas dos capitales europeas.

Entre ellas la Comisión Europea se plantea un sistema de avales para que Bruselas pueda emitir deuda similar al instrumento contra el paro (SURE), un acuerdo intergubernamental como el que sostiene el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o un sistema de «cooperación reforzada» que permite dejar de lado a los países que no quieran participar en el acuerdo de los fondos europeos.

No obstante, Bruselas aboga por que los gobiernos de Victor Orbán y Andrzej Duda se unan al resto de socios y levanten su veto, porque de lo contrario se podría avanzar con ellos con respecto al fondo de recuperación pero no con el presupuesto comunitario, que seguiría bloqueado.

Recortes en los presupuestos

Si el veto de Hungría y Polonia continúa el Parlamento Europeo se vería obligado a prorrogar los presupuestos comunitarios de 2020, lo que se traduce en aplicar un sistema en el que cada mes sólo se podrá gastar una doceava parte de las cuentas de este año. Un escenario al que se sumarían importantes recortes que incluso podrían ascender a los 30.000 millones de euros.

Unos recortes que pondrían en duda el pago de todos los programa europeos, que afecta de lleno a las partidas de los nuevos programas de salud, la política de cohesión y los fondos para las becas Erasmus.

Además, impediría poder comprometerse con un objetivo más ambicioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, que pretende fijar en al menos un 55%, porque también quedaría bloqueado el Fondo de Transición Justa, uno de los principales instrumentos de la UE para cumplir sus metas climáticas en un contexto de crisis económica derivada de los impactos de la pandemia.